Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 están aprobados por el Senado y ya son una realidad.
Los PGE entrarán en vigor el 1 de enero del 2021 y prevén un gasto total consolidado de 550.484 millones de euros, un 19,4% más que en el 2020, y unos ingresos consolidados de 323.996 millones de euros, un 6,6% más que en el presupuesto anterior.
Gasto social: alcanzará los 239.765 millones de euros, un 10,3% más que en el periodo anterior y el equivalente al 52,6% del gasto total de las nuevas cuentas públicas.
Fondos europeos: los PGE incluyen 8.988 millones procedentes de los 26.634 millones que se supone que España recibirá de los fondos europeos a lo largo del 2021.
Pensiones: el 35,8% de la partida destinada a gasto social irá a parar a pensiones, 163.297 millones de euros. Incluyen la subida del 0,9% de las pensiones y del 1,8% de las no contributivas.
Desempleo: se destina un 20,1% más hasta alcanzar los 25.012 millones de euros de gasto destinados a dar cobertura a los trabajadores en situación de paro, en ERTE y coberturas como la de autónomos protegidos por la prestación de cese de actividad.
Fomento del empleo: incluye 7.405 millones de euros, un 29,5% más respecto a 2020. De los fondos nacionales, 3.331 millones se destinan a inserción e incentivación de la contratación, y 2.771 millones a formación profesional para el empleo. Los 1.194 millones de fondos europeos serán para fomentar el empleo joven, principalmente.
Sanidad: 7.330 millones de euros, un 75,3% más que en los presupuestos anteriores, de los que el Ministerio de Sanidad gestionará directamente 2.964 millones. 1.089 millones de euros reforzarán el programa marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria y 1.011 millones a la adquisición de la vacuna contra el covid19.
Educación: se destina 4.893 millones de euros, un 70,2% más que en 2020. La partida de becas y ayudas al estudio recibirá 2.090 millones de euros.
Subida de impuestos:
Está prevista una subida de impuestos que roza los 8.000 millones de euros que afectan al IRPF, Sociedades, IVA y Patrimonio.
Se crea un nuevo tramo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes declaren ingresos superiores a 300.000€, se aumenta en tres puntos lo que se tributa por la base del ahorro a partir de 200.000€ y el límite de 8.000€ de las aportaciones a planes de pensiones se rebajará a 2.000€.
Se limita al 95% la exención de los dividendos y de las plusvalías obtenidas por la venta de participaciones mientras incluye el aumento de algunas deducciones como la aplicada en los gastos efectuados en la realización de actividades de innovación tecnológica.
El impuesto sobre las primas de seguro sube del 6 al 8%. También las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadido pasan de tributar el 10% al 21%.
En el impuesto sobre el Patrimonio se eleva un punto porcentual el gravamen al último tramo y se establece la vigencia de manera indefinida del impuesto.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, más conocidos como “tasa Google” y “tasa Tobin”, entrarán en vigor a mediados de enero de 2021.
La “tasa Google” gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
La “tasa Tobin” gravará con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
Otras cuestiones:
Incluyen una moratoria de tres meses para el abono de cotizaciones a la Seguridad Social a la que se podrán acoger empresas y autónomos que se encuentren al corriente de sus obligaciones y no mantengan ningún otro aplazamiento en vigor.
El Gobierno mantendrá las medidas de “hibernación, de protección del empleo”, los expedientes de regulación de empleo en las empresas y las ayudas a autónomos durante el primer semestre del año para intentar evitar mayores recortes en el empleo.
El Gobierno mantiene reuniones con los representantes de los empresarios y trabajadores para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año. También han confirmado estar estudiando una posible reducción de jornada laboral y la modificación de los contratos de formación que combinen la enseñanza teórica con la práctica en las empresas.
